Ejercicio de poder de los funcionarios implicados es otro factor de la victimización secundaria

La victimización secundaria es un término utilizado en criminología para describir el sufrimiento adicional que experimentan las víctimas de delitos debido a la respuesta del sistema de justicia penal o de otras instituciones gubernamentales. Esto puede incluir el acoso o el maltrato por parte de los funcionarios, la falta de información o apoyo emocional, la revictimización o el estigma social. En este artículo, nos centraremos en el papel del ejercicio de poder de los funcionarios implicados en el proceso de victimización secundaria.

Los funcionarios que trabajan en el sistema de justicia penal, como policías, fiscales, jueces y abogados, tienen un gran poder y autoridad en su papel de investigar, procesar y juzgar delitos. Aunque este poder puede ser utilizado para proteger y apoyar a las víctimas, también puede ser utilizado para victimizarlas aún más. Esto puede suceder de muchas maneras diferentes.

Una forma común en que los funcionarios ejercen poder es a través del lenguaje y la comunicación. La forma en que los funcionarios hablan con las víctimas puede afectar profundamente su experiencia y percepción de lo sucedido. Si los funcionarios tratan a las víctimas con desdén, les hacen preguntas innecesarias o les faltan al respeto, pueden hacer que las víctimas se sientan avergonzadas, humilladas o enojadas. Esto puede empeorar su trauma y hacer que sea más difícil para ellas participar en el proceso de justicia penal.

Otro ejemplo de cómo los funcionarios pueden ejercer poder sobre las víctimas es a través de la toma de decisiones. Los funcionarios tienen la capacidad de decidir qué cargos presentar, qué pruebas utilizar y cómo proceder en un caso determinado. Si los funcionarios no escuchan las preocupaciones de las víctimas o no consideran sus necesidades y deseos, pueden tomar decisiones que sean perjudiciales para ellas. Por ejemplo, pueden decidir presentar cargos por un delito menos grave de lo que ocurrió, o pueden presionar a las víctimas para aceptar un acuerdo de culpabilidad que no refleje adecuadamente la seriedad del delito.

Un tercer factor en el ejercicio de poder de los funcionarios implica las restricciones y limitaciones en el proceso. Las víctimas se enfrentan a barreras significativas en su proceso de recuperación y sanación, por lo que las instituciones deben ser diseñadas para fomentar la recuperación y la integridad para el denunciante. Las víctimas a menudo no son informadas sobre el progreso de la investigación o el juicio, o se les excluye del proceso. También pueden enfrentar dificultades para acceder a los servicios y recursos que necesitan para recuperarse. Estas restricciones pueden aumentar su sensación de victimización y minimizar la importancia de su experiencia.

Un cuarto ejemplo de cómo los funcionarios pueden ejercer poder sobre las víctimas es a través de las decisiones de sentencia. Los funcionarios tienen la autoridad de decidir cuál será la sentencia que deberá cumplir el delincuente. Si los funcionarios no consideran adecuadamente el impacto del delito en la víctima y no tienen en cuenta sus necesidades y deseos al tomar estas decisiones, pueden ser sentencias muy leves, que minimizan la naturaleza grave del delito.

Por último, los funcionarios pueden ejercer poder sobre las víctimas a través de medidas de protección inadecuadas o el trato insensible de su entorno. Si las autoridades no protegen adecuadamente a las víctimas de los delincuentes o les hacen sentir inseguras, pueden empeorar su trauma y provocar sentimientos de desesperación y miedo.

En resumen, el ejercicio de poder de los funcionarios implicados puede ser un factor importante en la victimización secundaria de las víctimas de delitos. Cada individuo implica una clase de respuesta directa a la experiencia vivida, y la percepción de lo que puede estar pasando en el proceso de justicia penal puede ser una causa de angustia en estas personas. Es necesario que se tomen medidas para garantizar que los funcionarios involucrados en el sistema de justicia penal estén debidamente capacitados, cuenten con la información necesaria y apoyen adecuadamente a las víctimas. Es necesario garantizar que se cumplan los derechos de las víctimas de delito en términos de información actualizada del proceso de justicia criminal, asistencia emocional, protección y respeto por sus derechos, logrando un proceso justo y equitativo, y así disminuir la victimización secundaria. Es necesario un nuevo enfoque en el proceso, más justo, más humano y que tenga como objetivo garantizar el bienestar de todos los involucrados en el proceso de justicia criminal.